El reciente caso de Sandra Peña ha generado una gran alarma social. Su trágico fallecimiento ha puesto en evidencia que el ciberacoso entre menores no es un problema aislado y que, además de las familias, los centros educativos tienen una responsabilidad directa en la detección y prevención de estas situaciones.
Cada vez más padres se preguntan: ¿qué debe hacer el colegio si mi hijo sufre acoso o ciberacoso? ¿Hasta dónde llega su obligación legal y qué pasos puedo dar si no actúan?
En este artículo te explicamos qué protocolos deben activar los colegios, qué derechos tienen las familias y cómo reclamar cuando la respuesta del centro no es suficiente.
Abogados especialistas en derecho de familia en Madrid
¿Qué obligación tienen los colegios frente al ciberacoso?
En España, tanto la LOMLOE como las normativas autonómicas de educación obligan a los centros a garantizar la protección integral del alumnado. Esto implica que:
- Deben contar con un protocolo de actuación contra el acoso escolar, aplicable también a casos de ciberacoso.
- Tienen la obligación de investigar cualquier indicio de acoso, incluso si ocurre fuera del horario escolar o en entornos digitales.
- Deben proteger a la víctima de forma inmediata, adoptando medidas provisionales.
- Están obligados a informar a la familia y colaborar con ella en la resolución del caso.
Ignorar o minimizar la situación puede generar responsabilidad administrativa e incluso civil para el centro escolar.
¿Qué pasos debe dar el colegio ante un caso de ciberacoso?
Cuando se detecta o comunica un posible caso, el centro educativo debe:
Notificar a la Inspección Educativa y, si procede, a la Fiscalía de Menores.
Activar el protocolo antiacoso.
Designar un responsable de seguimiento (normalmente, el equipo de orientación).
Escuchar a la víctima y recabar pruebas.
Informar a las familias implicadas.
Adoptar medidas cautelares para proteger al menor acosado (cambio de grupo, acompañamiento, vigilancia reforzada…).
¿Qué pueden hacer los padres si el colegio no actúa?
Por desgracia, en muchos casos los centros restan importancia al problema o no cumplen con los protocolos. Ante esta situación, los padres pueden:
En casos graves, interponer una denuncia penal contra los acosadores y reclamar la responsabilidad civil subsidiaria del colegio si se demuestra negligencia.
Exigir por escrito la activación formal del protocolo de acoso.
Recurrir a la Inspección Educativa, denunciando la inacción del centro.
Solicitar apoyo legal especializado para iniciar acciones administrativas o judiciales.
El papel de los abogados en estos casos
Un abogado especializado en derecho penal y de familia puede:
Solicitar medidas cautelares urgentes como la orden de alejamiento o el cambio de centro.
Valorar si la conducta constituye un delito (acoso, amenazas, injurias, revelación de secretos, etc.).
Redactar denuncias sólidas y acompañar a la familia en comisaría, juzgado o Fiscalía de Menores.
Reclamar al colegio la activación inmediata del protocolo y la adopción de medidas de protección.
Representar a los padres frente a la Inspección Educativa o la Administración.
¿Qué deben recordar las familias?
El colegio no puede mirar hacia otro lado. Su obligación es garantizar la seguridad del alumnado, incluso cuando el acoso ocurre en redes sociales o grupos de WhatsApp fuera del horario escolar.
Si tu hijo está sufriendo ciberacoso y el centro no responde, puedes exigir su actuación y, si es necesario, acudir a la vía legal para proteger al menor.
¿Necesitas asesoramiento legal?
En A&L Abogados ayudamos a las familias a:
✅ Exigir al colegio la activación del protocolo de acoso escolar.
✅ Defender los derechos del menor frente a la Inspección Educativa y las autoridades.
✅ Interponer denuncias penales y reclamar responsabilidad civil si procede.
✅ Solicitar medidas judiciales urgentes de protección.
✅ Acompañar a los padres en todo el proceso con total confidencialidad.
📅 Consulta confidencial con nuestros abogados especialistas.
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✉️ lageantunez@gmail.com
👉 El caso de Sandra Peña nos recuerda que el ciberacoso no es un problema invisible. Los colegios tienen la obligación de actuar. Si no lo hacen, las familias pueden y deben reclamar.
